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La investigación, según el Departamento de Justicia, se originó tras un referido de Salud

El Departamento de Justicia radicó 12 cargos de posesión y traspaso de documentos falsificados contra un agente del Negociado de la Policía que presentó más de una decena de pruebas de laboratorio de COVID-19 falsas, con el propósito de continuar laborando de manera presencial sin cumplir con el requisito de vacunación establecido ante la pandemia.

El juez Wilfredo Viera, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró causa para arresto contra el agente Iván Molina Casiano y le impuso una fianza de $12,000, que fue diferida mediante el Programa de Servicios con Antelación a Juicio.

Molina Casiano podría enfrentar una pena de reclusión por un término fijo de tres años por cada cargo.

La investigación se originó tras un referido de la División de Investigaciones de la Secretaría Auxiliar para la Regulación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) del Departamento de Salud.

El agente, asignada a la División de Seguridad y Protección del Negociado de la Policía en Carolina, determinó no vacunarse contra el coronavirus por motivos religiosos. Según la Orden Ejecutiva número 2021-058 del 28 de julio de 2021, podría continuar trabajando en persona siempre y cuando se realizara una prueba de laboratorio de COVID-19 semanalmente.

Durante los meses de Agosto de 2021 a Febrero del presente año, Molina entregó a su supervisor más de 20 pruebas de COVID-19. De la investigación se desprende que 12 de las pruebas fueron falsificadas.

La fiscal María Teresa Carro Lahongrais le presentó 12 cargos por violación al Artículo 217 del Código Penal de Puerto Rico, que tipifica como delito la posesión y el traspaso de documentos falsificados.

“El Ministerio Público cuenta con la evidencia para probar más allá de duda razonable la posesión y traspaso de los 12 documentos falsificados”, dijo la fiscal, quien lideró la investigación en la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia con el apoyo de la inspectora de la SARAFS, Maruxa Díaz Pagán.

“Un agente o funcionario no solo debe cumplir la ley sino dar ejemplo de honestidad y ética. Estamos seguros de que la mayoría cumplen con este estándar de integridad. El Departamento de Justicia se encargará de aquellos que se desvíen”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

Fuente: Elnuevodia