San Juan, Puerto Rico- La Legislatura que buscaba enmendar la Ley 146-2012 del Código Penal para disponer que el aborto sea castigado con pena de reclusión por un término fijo de 99 años, el Departamento de Justicia dejó claro que no procesará a las mujeres o profesionales de la salud por la práctica de dicho procedimiento en la Isla.
En lo que va de este cuatrienio se han radicado al menos 15 medidas que buscan intervenir -en menor o mayor grado- con el derecho al aborto en Puerto Rico, siendo la última de estas la de la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, que fue radicada el sábado -en el último día de aprobación de medidas- y retirada horas más tarde.
El Proyecto de la Cámara 1407 enmendaba los artículos 98, 99 y 100 del Código Penal para tipificar el aborto con una pena de reclusión fija de cadena perpetua y establecer causas de exclusión de responsabilidad penal. La medida hacía referencia a la decisión del Tribunal Supremo federal que revocó el caso Roe vs. Wade, de 1973, y Planned Parenthood vs. Casey, de 1992.
Sin embargo, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, indicó que el estado de derecho vigente en la Isla no ha sido trastocado por la opinión emitida por el Supremo federal, que revocó la jurisprudencia que reconocía una protección constitucional al aborto.
“Como hemos expresado, el Artículo 98 del Código Penal de 2012 permite el aborto con indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, con vista a la conservación de la salud o vida de la madre”, dijo Emanuelli
Además, agregó que “El Departamento de Justicia continuará acatando todas las disposiciones legales y jurisprudenciales, estatales y federales, vigentes y que sean aprobadas en un futuro, pero siempre mediante la aplicación justa y sensible hacia el ser humano. Ese es nuestro compromiso con todos los sectores de nuestra sociedad, como defensores de la ley y los derechos de los ciudadanos”
La semana pasada se radicó una medida suscrita por senadores de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Partido Popular Democrático (PPD) y el senador independiente José Vargas Vidot para crear la Ley para la Protección de los Derechos Reproductivos de las Mujeres y de las Personas Gestantes.
