Los 10 alcaldes que componen el programa piloto creado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) enviaron una carta a la directora ejecutiva del ente federal, Natalie Jaresko, pidiendo más tiempo para confeccionar sus respectivos planes fiscales.
En la misiva de cinco páginas, los alcaldes argumentaron que necesitan “más tiempo, discusión y diálogo con la Junta” para poder cumplir con sus requerimientos.
En síntesis, indicaron que les inquieta que los planes fiscales podrían conllevar “legislación de financiamiento” adecuado a corto o largo plazo, que se desconoce cuál será el presupuesto a aprobarse en el 2020, que se han visto “forzados” a proveer servicios sin ser consultados y que la ley Promesa “limita” la operación fiscal de los ayuntamientos.
Además, entienden que, aunque la intención de la JSF es que los municipios sean autosustentables, esa no es la realidad.
Los ejecutivos municipales recalcaron que cada uno de esos asuntos los mantiene “muy preocupados por el calendario agresivo que se ha programado para la redacción de nuestros planes fiscales”.
“Creemos que, para analizar todas las situaciones no definidas, preparar de forma consciente un presupuesto para el año fiscal 2019-20, incluyendo las operaciones proyectadas a cinco años, los municipios necesitan más tiempo, discusión y diálogo con la Junta”, indica la carta remitida a El Nuevo Día por los alcaldes de Aibonito, Barranquitas, Camuy, Cidra, Villalba, Isabela,Quebradillas, San Sebastián, Comerío y Orocovis.
Los alcaldes argumentaron que, aunque podrían necesitar legislación para hacer cumplir sus planes fiscales, ni siquiera pueden precisar qué tipo de ley sería necesaria.
Destacaron que asuntos como el pago del bono de Navidad, la aportación al plan de salud del gobierno y de las pensiones, mediante el llamado “PayGo”, son “inciertos”.
También aludieron a la discrepancia que hay entre la JSF y el gobernadorRicardo Rosselló Nevares por la aprobación del presupuesto para el año 2019-20, pues mientras el primer ejecutivo propone un presupuesto de $9,624 millones, el ente fiscal lo hace por $9,100 millones.
“También existe la posibilidad de que el presupuesto se mantenga como el presupuesto vigente”, indica la carta.
Los alcaldes dedicaron un espacio considerable de su misiva para explicar cómo atienden las necesidades de los “más desventajados”.
Explicaron también que necesitan del Fondo de Equiparación para “cumplir con todas las cargas impuestas” por el Estado. Ese dinero se distribuye entre los ayuntamientos para igualar sus ingresos con los del año anterior. El fondo desaparecerá para el 2021, de acuerdo con el plan fiscal certificado por la Junta.
Jaresko ha dicho que, del gobierno no conseguir financiamiento, la JSF no avalará la “Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios” (Ley 29-2019), que exime a los ayuntamientos del pago al plan de salud del gobierno y del “PayGo”. Hasta el momento, el tranque por la viabilidad de esa ley persiste.
“La Junta Fiscal no ha entendido la crisis gigantesca que se creará en los municipios si los servicios que se prestan en la actualidad a las comunidades se suspenden o se eliminan”, reza la carta.
Por último, los 10 alcaldes plantearon que se sienten en “desventaja” frente al resto de los 68 ejecutivos municipales que no forman parte del proyecto piloto bajo Promesa.
Este diario pidió reacciones a la JSF, que no había respondido al cierre de esta edición.
Fuente: El Nuevo Día
